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27 de febrero de 2014 - Número 139

Más sobre legislación tributaria: Entre facturas y clausuras

Marcelo Gonzales Yaksic*

Durante la gestión 2013, el Servicio de Impuestos Nacionales (sin) realizó 37 mil operativos de control de emisión de facturas en todo el país y terminó clausurando el 50 por ciento de los negocios intervenidos. Tan sólo 10 establecimientos fueron clausurados definitivamente. No emitir facturas por operaciones lícitas y “aguantar” las clausuras se ha convertido en un “deporte nacional” muy extendido en Bolivia.
Más sobre legislación tributaria: Entre facturas y clausuras

Desde 2003, el Ministerio de Hacienda, ahora Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), y el sin han hecho grandes esfuerzos para erradicar la evasión impositiva, pero en el intento han ido limitando y violentando los derechos fundamentales de las personas. Esta arbitrariedad ha sido respondida por la intervención del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP, que ha reconducido los procesos administrativos de clausuras dentro de los límites del Estado de Derecho. Pero el ministro del área no está de acuerdo con esta decisión y ha declarado públicamente su negativa a limitar su poder tributario para clausurar sin más, incluso negando de manera tácita el carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento que tienen este tipo de decisiones judiciales. El problema continúa.

La Sentencia Constitucional Nº 100/2014
Todo comenzó el 20 de mayo de 2013, cuando el diputado Juan Luis Gantier Zelada demandó ante el tcp la inconstitucionalidad de las disposiciones adicionales quinta (procedimiento de clausuras definitivas) y sexta (penalización de las facturas sin hecho generador) de la Ley del Presupuesto General del Estado (LPGE) Gestión 2013, que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en abierta infracción de la Constitución Política del Estado (cpe) y contra una serie de convenciones, pactos y protocolos internacionales sobre derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales.
Una vez concluidos los procedimientos previos, el tcp emitió la Sentencia Constitucional Nº 100/2014 que declara inconstitucional el procedimiento de clausura que aplica el sin cuando un negocio no emite la factura por la venta de bienes y servicios; y el justificativo es porque la ley no otorga la oportunidad al propietario del establecimiento comercial a defenderse en un proceso justo y a presentar pruebas de descargo. Además este tribunal ha dispuesto la inconstitucionalidad de la tipificación del delito que cometían los que comercializaban, coadyuvaban o adquirían facturas sin haberse realizado el hecho generador gravado y el justificativo es que la alp no habría considerado la proporcionalidad de la sanción (2 a 6 años de reclusión) con la lesión o la puesta en peligro de los bienes jurídicos que protege la cpe. En el contenido textual de esta sentencia se ha inscrito una exhortación a la alp para que, en el plazo de seis meses, regule un procedimiento administrativo sancionador que responda a la naturaleza de la contravención de la no emisión de facturas y que garantice el contenido esencial de la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de los contraventores.

Lo que respondió el Ministro

Pero este entuerto no ha terminado. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, ni bien se enteró del contenido de esta sentencia, publicó una carta abierta dirigida a los magistrados del TCP reprendiéndolos con dureza y severidad por su supuesto alejamiento del concepto de “justicia independiente” y por “premiar las conductas negligentes y antijurídicas de algunos contribuyentes que obtienen un beneficio indebido”. Con lo declarado por el Ministro y desoyendo lo dispuesto por el TCP, los funcionarios del sin continuaron con las clausuras inmediatas de negocios sin aplicar el procedimiento de sumario contravencional por la no emisión de facturas, redoblando, dicen, “sus esfuerzos para que todos los comerciantes cumplan con su obligación de extender facturas”.

Clausuras y el derecho de defensa
Sin asumir posiciones radicales y con un poco de serenidad, se puede calificar la Sentencia Constitucional Nº 100/2014 como un pronunciamiento ecuánime y justo. En ningún momento el TCP ha desconocido la facultad sancionadora de la Administración Tributaria, sino que simplemente ha recordado la condición de que en el ejercicio de esa facultad se respeten las garantías y derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso del supuesto infractor.
No llegamos a entender la reacción del MEFP: lo único que el TCP le ha insinuado es que proyecte una ley que establezca un procedimiento administrativo sancionador que responda a la naturaleza de la contravención (la no emisión de facturas) y que reconozca la garantía esencial del debido proceso y el derecho de defensa. En cambio, la carta del ministro Arce trasunta un deseo irrenunciable al procedimiento abusivo y abrupto para clausurar establecimiento hasta lograr su cierre definitivo, sin siquiera conocer un descargo del contribuyente; es decir, lo que quieren las autoridades fiscales es clausurar como sea.

Nueva ley del procedimiento de clausuras
Son seis meses los que tendremos que esperar para conocer el nuevo procedimiento de las clausuras y éste tendrá que ser aprobado mediante una ley sancionada por la alp. A mediados de agosto de 2014, los asambleístas deberán conciliar con sabiduría la potestad tributaria para recaudar impuestos con los derechos constitucionales de los contribuyentes. Pero no se debe perder esta oportunidad para que el Órgano Ejecutivo, a través del mefp, emprenda una reforma tributaria integral, eliminando los regímenes especiales y potenciando el régimen general tributario a partir de la igualdad de los contribuyentes.

Un deporte nacional: la evasión fiscal
Como nunca en la historia boliviana, durante el Gobierno de Evo Morales la recaudación tributaria se ha incrementado de forma exponencial, debido a la presión fiscal sobre la economía formal. Pero también no es menos cierto que las facturas se han convertido en el mejor vehículo para defraudar tributos, hasta el grado de constituirse en una destreza criolla muy amplificada entre la población. Omitir la entrega de facturas, negociarlas, falsificarlas, clonarlas o registrarlas sin sustento, son acciones corruptas muy practicadas y su eliminación constituye de por si uno de los desafíos que ha asumido el Presidente del Estado de forma pública. Fue en la última semana de noviembre de 2012 y durante el acto oficial de entrega de un Coliseo que lleva su nombre, ubicado en el barrio Progreso, allí en una zona marginal de la ciudad de Sucre, que manifestó: “Hermanas y hermanos con mucho respeto a ustedes y a todo el pueblo boliviano, quienes dicen: ‘sin factura’ estamos estafando al pueblo, se están estafando ustedes mismos, por tanto tenemos la obligación de pagar lo que está en la norma”. Que así sea.

* Abogado tributarista

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